La Alcaldesa explica el contenido de una denuncia contra la Ordenación del Territorio por el asfaltado del aparcamiento de La Sierra en 2005

La Alcaldesa de Guadarrama ha explicado esta mañana en rueda de prensa, tras dar cuenta a la Junta de Portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Guadarrama, la denuncia, que se recibió el pasado viernes desde el Juzgado de Collado Villalba, por una decisión tomada en una Junta de Gobierno Local de 2005, en la que el Juez deberá investigar si hubo un supuesto delito sobre la ordenación del territorio.

Una investigación solicitada desde la Fiscalía de Medio Ambiente, que señala como responsables al Alcalde de entonces, José Ignacio Fernández Rubio, al Concejal de Urbanismo, Miguel Rodríguez Bonilla, y a los demás miembros de la Junta de Gobierno, constituida por la actual Alcaldesa, Carmen María Pérez del Molino, en aquel momento Concejala de Servicios Sociales, a los concejales Miguel Ángel Herrero Olivares, Concejal de Deportes, y Ricardo Lozano Carmona, Concejal de Hacienda, y al Secretario-Interventor, Javier Casal de Blas.

La denuncia solicita que se investigue la decisión tomada en la Junta de Gobierno Local, por la que se decide adjudicar un contrato para asfaltar la parcela, por si pudiera ser constitutiva de un supuesto delito contra la ordenación del territorio, teniendo en cuenta su calificación. Irregularidades que, en cualquier caso, como señaló la Alcaldesa, suelen tramitarse a través de tribunales administrativos y no penales.

Según ha declarado la Alcaldesa, “En la Junta de Gobierno lo que aprobamos, lo que voté yo como Concejala de Servicios Sociales entonces, fue una propuesta del Concejal de Urbanismo, para la adjudicación del asfaltado de una parcela, que contaba con numerosas y constantes denuncias de los vecinos por suciedad e insalubridad, tras no existir en el expediente informes en contra de esta medida por parte de los técnicos. Es decir, se tomó una decisión en aras del bien común de los vecinos, que a partir de esa actuación dejarían de tener un problema de salubridad y dispondrían de una zona de aparcamiento gratuita. Una decisión que, desde luego, se toma solo para el beneficio de todos los vecinos y no de intereses particulares, como parece que responde ahora esta denuncia”.

 El denunciante es un particular, concejal del Partido Socialista de un municipio del Sur de la Comunidad de Madrid, y a esta denuncia pretende sumarse también la concesionaria del Aparcamiento privado y de pago “Centro”, la empresa INTOR, que, según la Alcaldesa, “ya había solicitado en varias ocasiones el cierre de ese aparcamiento gratuito porque perjudica a los intereses de su negocio”.

Carmen María Pérez del Molino señaló que “a los oportunistas intereses políticos del momento se unen los intereses económicos de esta empresa, puesto que por un lado, los intereses políticos persiguen ensuciar el nombre de esta Alcaldesa y del Alcalde de entonces, a un mes de las elecciones, por una cuestión que el Juez deberá ahora investigar, pero que en cualquier caso, está probado que se hizo para el interés general y por otro lado, por intereses económicos que persiguen que se cierre una instalación que da servicio de aparcamiento gratuito a los vecinos y que, según la empresa INTOR, perjudica la elección del aparcamiento de pago en la localidad, olvidando que dicho aparcamiento venía funcionando desde años antes de la construcción del aparcamiento Centro”.

La denuncia se presentó en 2014 ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid por un supuesto delito medioambiental, aunque tras examinar el expediente el Fiscal de Medio Ambiente no ha contemplado dicho delito y tan solo ha solicitado la investigación del Juez por un supuesto delito sobre la ordenación del territorio. Una cuestión “cuanto menos curiosa” para la Alcaldesa que, señaló que “tras diez años de uso y tras un año de la denuncia en la Fiscalía, resulta curioso que se presente ahora a un mes de las elecciones”.

El asfaltado del aparcamiento de la Sierra se llevó a cabo en 2005, ante las demandas de los vecinos, y en 2006 finalizó la tramitación inicial con la aprobación en el Pleno del expediente de un Plan Especial  de modificación de la parcela y se expuso al público sin que se presentaran alegaciones a esta actuación. El Ayuntamiento, no obstante, no continuó con la tramitación definitiva de este expediente en la Comunidad de Madrid. Por este motivo, en 2014, cuando se toma conciencia de esto, se decide iniciar nuevamente el procedimiento para su resolución definitiva y, por este motivo, ahora el Juez deberá determinar si se ha cometido alguna irregularidad y en su caso, cómo debe subsanarse.

En su denuncia el Fiscal solicita, además de que se tome declaración a  las personas investigadas, que se investigue también a los funcionarios y técnicos de la Comunidad de Madrid por negligencia.

La Alcaldesa declarará ante el juez por este procedimiento, el próximo 21 de abril, aunque ya ha adelantado que ella era Concejal de Servicios Sociales y que tomó la decisión en base a la propuesta de los técnicos y que, aseguró tener claro que “no voy a ceder a las presiones de la concesionaria para cerrar el aparcamiento de La Sierra y perjudicar así a los vecinos”.