Guadarrama no presentará el Plan de Ajuste económico al Ministerio de Hacienda tras haber sido rechazado por el Pleno

Guadarrama no presentará un Plan de Ajuste económico al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el próximo 31 de marzo de 2012, tras haber sido rechazado, en una sesión extraordinaria urgente celebrada ayer miércoles, por la mayoría de los concejales que componen el Pleno Municipal. Los representantes de IU-Los Verdes (1), PSOE (3) y PP (6), votaron en contra de las medidas contenidas en el plan que sí contó con el respaldo de los concejales de UPyD (1) y APPG (6).

El Plan de Ajuste había sido elaborado y discutido en las comisiones de trabajo, de acuerdo a las medidas establecidas en el Real Decreto Ley 4/2012 y presentaba un ahorro de casi dos millones de euros necesarios para hacer frente a las exigencias del Gobierno para poder financiar el pago a proveedores mediante un préstamo a diez años.

El documento debía ser presentado y aprobado por el Pleno para ser remitido al Ministerio el próximo 31 de marzo, por lo que al haber sido rechazado y tal y como establece el Real Decreto Ley 4/2012 será el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que procederá a la retención de la participación en tributos del Estado hasta cubrir el montante de deuda que los proveedores hubieran cobrado por este mecanismo de financiación junto con una compensación por los gastos y costes financieros incurridos. Es decir, será el Ministerio el que pague a los proveedores y deje de ingresar esa cantidad de forma mensual en las arcas municipales, como viene siendo habitual por la participación en los tributos que los vecinos pagan de forma general.

El porcentaje de descuento de la participación en tributos del Estado será el que fije cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado, comenzándose a practicar la retención en el ejercicio 2012, en un momento temporal cercano a la fecha en que los proveedores cobrarán sus facturas por este mecanismo de financiación, marcado de forma estatal. Por lo tanto, será en los próximos días en los que el Ayuntamiento conocerá el porcentaje que se descontará para el pago a proveedores y los intereses que genere esta ejecución.

Las medidas que planteaba el Plan de Ajuste económico presentado para el Ayuntamiento de Guadarrama comenzaban con la adopción de iniciativas destinadas a aumentar los recortes del gasto y a la adecuación de los ingresos de las tasas y precios públicos tal y como se establece en el Real Decreto aprobado por el Gobierno. Proponiendo medidas que, según explicó la Alcaldesa, Carmen María Pérez del Molino, en la exposición de motivos de la memoria, estaban destinadas a cumplir con la obligación de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago de los proveedores de las Entidades Locales, y el Real Decreto Ley 7/2012 de 9 de marzo por el que se crea el Fondo para la Financiación de Pagos a Proveedores (FFPP) ; que obligan, o bien, al cumplimiento de las obligaciones de pago antes del 31/03/2012 con los proveedores con deudas líquidas, vencidas y exigibles a dicha fecha por obligaciones-facturas registradas en el Ayuntamiento antes de 31/12/2011; o bien, a acogerse al mecanismo de financiación de pagos a proveedores previsto en los Reales Decretos Leyes sustituyendo la obligación de pago a proveedores por la obligación de pago de las cuotas de una operación de crédito al FFPP. Concretamente, el plan proponía una operación de crédito a 10 años siendo los dos primeros de carencia y a un tipo de interés del 5%.

Ajustes

Los ajustes que se planteaban, en el capítulo de ingresos contemplaban el incremento, durante los ejercicios 2012 y 2013, del IBI por efecto del RD 20/2011 de 30/12, de obligado cumplimiento por mandato del Estado, que supondrá alrededor de 800.000´00€ cada ejercicio, de forma que en el ejercicio 2014, que deje de tener efecto, se mantuviera su importe dado que sería el último año del proceso de actualización. Es decir, que en ese momento, la bajada al tipo aprobado por el Ayuntamiento se compensara con la subida de aproximadamente el 10% de la base liquidable del impuesto. A partir del año 2015 se planteaba el mantenimiento estable del IBI sin perjuicio de las modificaciones del valor catastral que aprobara el Estado.

Además, la eliminación de los beneficios fiscales voluntarios para el Ayuntamiento en cuanto a las familias numerosas y minusvalías que, como consecuencia de la situación económica, ya cuentan con otras medidas por parte de otras Administraciones Públicas competentes que mantienen los beneficios fiscales pertinentes tanto en el tramo estatal como autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas; como en el impuesto de sociedades, sucesiones y donaciones, etc.

Se contemplaba también, no modificar los tipos impositivos del ICIO. En relación a las tasas, precios públicos y otros ingresos, como multas, sí que se disponía un importante ajuste para adecuar la financiación de los servicios al régimen señalado en el TR Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si bien se señalaba que la adecuación en términos generales al 60 % no sería sólo por la vía del incremento de los ingresos sino por una importante reducción de los costes de los servicios, de forma que la tasa por el servicio público de recogida de basuras, por ejemplo, financiara al 100% el servicio así como los gastos de transferencia e eliminación de dichos residuos, que la tasa por alcantarillado así como la de gestión o servicios urbanísticos se mantuvieran ajustadas al coste del servicio o que se modificara la Ordenanza fiscal para hacer operativo el cobro de los servicios que presta protección civil de forma que financiara en parte el coste del servicio, hoy mínimo en relación al total del presupuesto.

En cuanto a los servicios financiados mediante precios públicos se adoptaba el criterio de que se financiaran mayoritariamente por éstos en un 60%, pero igualmente con una rebaja sustancial del coste de los mismos, así se contemplaba un incremento del importe de los precios obtenidos por el Patronato de Deportes de 75.000 para el año 2012 y otros 75.000 para el 2013 y también una reducción del coste del servicio en igual cuantía.

En idéntico sentido se actuaba con el Patronato de Cultura con unos incrementos para los ejercicios 2012 y 2013 por importes anuales de 110.000 con unas reducciones anuales de los gastos en idéntica cuantía.

En relación a los Servicios Sociales y Asistenciales se planteaba que, hoy por hoy, debe ser asumido por el Ayuntamiento sin mayor repercusión a los usuarios, si bien, ello no significaba que el Ayuntamiento no reivindicara ante la Comunidad de Madrid que ésta aportara la financiación que le corresponde como Administración competente.

De igual forma se establecía la fórmula para los Servicios Educativos con la intención de mantener en términos generales los mismos, se contemplaba que la Comunidad de Madrid asumiera la financiación que le corresponde y que hoy se hace de forma municipal.

Para el resto de Servicios Públicos se partía de la autofinanciación y se contemplaba su mantenimiento; así las tasas y los precios públicos durante el periodo de vigencia del Plan de Ajuste se incrementarían  anualmente únicamente en lo que varíe el IPC.

El plan contemplaba la desaparición del PRISMA para gastos corrientes. Maximizar el aprovechamiento del patrimonio local poniendo, por ejemplo, en el mercado de alquiler las naves industriales municipales con la intención de que no sólo se obtuviera una renta sino que se tratara de proyectos generadores de empleo, alquilar el inmueble del Antiguo Centro Día, la liquidación del importe de alquiler a Mancomunidad del edificio municipal que ocupa, la Concesión de la Escuela Municipal de Golf o  la extensión a todo el año, según el contrato firmado, del canon de la concesión a SUPERCOR.

Gastos

En el capítulo de gastos, y especialmente en personal, se proponía que las plazas vacantes y sin cubrir de forma interina o provisional se amortizasen, así como la misma para las plazas que se fueran quedando vacantes por jubilaciones, la eliminación de las horas extraordinarias con la implantación de la jornada en cómputo anual de las 1.647 horas; así como la disminución de las ayudas sociales al personal.

Por otra parte dentro de las medidas organizativas se proponía la disolución de los patronatos, cuyos servicios se administrarían directamente, lo que exigiría la amortización de los dos puestos de trabajo de los Directores Técnicos de los mismos.

Al margen de este descenso en el gasto de personal, se contemplaba la reducción generalizada en todas las áreas de gastos de forma que se fijaba el objetivo en 80.000 euros. Y dentro de las medidas organizativas y administrativas la nueva licitación y contratación de servicios como el del mantenimiento del alumbrado público; mantenimiento de dependencias municipales; mantenimiento de calderas; suministro de materiales de construcción, la modificación del contrato para la gestión del servicio de recogida de basuras suscrito con Urbaser, la del contrato de mantenimiento de parques suscrito con Valoriza, así como la reducción en el coste del servicio deportivo y cultural.

Se eliminaban las subvenciones a los Grupos políticos, lo que suponía un ahorro de 8.500 euros. Y en las inversiones, se observaban únicamente, si se obtenía la financiación necesaria. En este sentido, para el ejercicio 2012, solamente se contemplaban como inversiones la aportación municipal al Plan de Dinamización por importe de 700.000 euros financiado con recursos corrientes.

Como medida de impulso al plan se proponía el incremento del coste financiero por las nuevas operaciones por la Línea ICO y la derivada del  Plan de Ajuste hasta el ejercicio 2014 para luego, paulatinamente, ir disminuyéndolas. Así como la amortización de todas las operaciones de préstamo concertadas todo ello financiado con el ahorro bruto generado.

Durante la sesión plenaria los concejales se dieron por enterados además del nombramiento oficial del nuevo Juez de Paz, que es ya Marcelo Izquierdo y rechazaron la moción presentada por UPyD, y defendida por su portavoz Alejandro Roa, en la que se solicitaba la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno Municipal. La moción obtuvo el respaldo de UPyD y APPG (7) y los votos en contra de los concejales de IU - Los Verdes, PSOE y PP (10).